El delito de injurias y calumnias en el Código Penal: penas, denuncia y defensa

Los delitos de injurias y calumnias, regulados en los artículos 205 a 216 del Código Penal, han sido objeto de importantes desarrollos jurisprudenciales en los últimos años. En este artículo vamos a analizar tres sentencias clave que han marcado la evolución de estos delitos en el ámbito penal. Nos centraremos en los fundamentos jurídicos, estrategias de acusación y defensa, y razones de los fallos.

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Qué son las injurias y las calumnias según el Código Penal

Aunque se citan casi siempre juntas, son dos delitos distintos con requisitos y penas propias. Ambos se recogen en el Título XI del Libro II del Código Penal, dedicado a los delitos contra el honor.

El artículo 205 define la calumnia como «la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». No basta con atribuir a alguien un hecho delictivo: hay que hacerlo sabiendo que es falso o desentendiéndose por completo de si lo es.

El artículo 208 define la injuria como «la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación». Y añade dos límites decisivos: solo son delito las injurias que «por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves», y las que consisten en imputar hechos no se consideran graves salvo que se hagan con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Esa exigencia de gravedad es la que deja fuera del ámbito penal buena parte de los insultos cotidianos, que desde la reforma operada por la LO 1/2015 dejaron de ser falta y quedaron reconducidos a la vía civil, salvo en los supuestos del artículo 173.4 del Código Penal.

Diferencia entre injuria y calumnia

En la práctica, la frontera se resume así: llamar delincuente a alguien atribuyéndole un hecho delictivo concreto y falso apunta a calumnia; una expresión gravemente denigrante que no imputa un delito apunta a injuria.

Penas por injurias y calumnias

La pena depende de dos variables: de qué delito se trate y de si se cometió o no con publicidad.

Conviene aclarar dos cosas. La primera es que la multa se expresa en meses porque el Código Penal emplea el sistema de días multa: la cuota diaria la fija el juez atendiendo a la situación económica del condenado, de modo que la misma pena en meses se traduce en importes muy distintos según el caso. La segunda es que la calumnia es el único de los dos delitos que puede acarrear prisión, y solo cuando se propaga con publicidad.

¿Y qué se entiende por publicidad? Lo define el artículo 211: la calumnia y la injuria se reputan hechas con publicidad «cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante».

Injurias y calumnias en redes sociales e internet

El artículo 211 no contiene una lista cerrada de medios: define la publicidad por su capacidad de difusión. Esa redacción abierta es la que permite valorar como cometidas con publicidad las manifestaciones vertidas en redes sociales, en grupos de mensajería con muchos participantes, en foros o en reseñas accesibles al público. La consecuencia es directa y conviene tenerla presente: la misma frase dicha en privado y publicada en un perfil abierto no tiene la misma pena.

En estos casos el trabajo probatorio pesa tanto como la calificación. Interesa fijar el contenido antes de que desaparezca, acreditar su autoría y documentar el alcance real de la difusión, porque de él depende que se aplique o no el tipo agravado.

Hay además una regla de responsabilidad civil que suele pasarse por alto. El artículo 212 establece que, cuando la ofensa se propaga con publicidad, responde civilmente de forma solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se difundió.

Cómo denunciar unas injurias o calumnias

Aquí está la particularidad procesal más importante de estos delitos, y la que más consultas genera: no basta con presentar una denuncia.

1. Hace falta querella. El artículo 215.1 dispone que nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal. Son delitos privados: sin querella del ofendido no hay proceso.
2. Con una excepción. Se procede de oficio cuando la ofensa se dirige contra un funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
3. Antes hay que intentar la conciliación. El artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide admitir la querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto.
4. Si la ofensa se vertió en un juicio, el artículo 215.2 exige licencia previa del juez o tribunal que conoció de él.

El plazo es corto y es la causa más frecuente de que un caso no llegue a verse. El artículo 131.1 del Código Penal establece una escala de plazos de prescripción según la pena señalada al delito, y sitúa en cinco años la de los delitos no incluidos en los tramos superiores. De esa regla exceptúa expresamente los delitos leves y los de injurias y calumnias, que prescriben al año. Sumado al trámite previo de conciliación, el margen real para reaccionar es estrecho.

Por último, conviene saber que el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal (art. 215.3), algo que abre una vía de acuerdo que no existe en la mayoría de los delitos.

Defensas frente a una acusación por injurias o calumnias

Quien recibe una querella por estos delitos dispone de varias líneas de defensa que el propio Código Penal reconoce.

• La prueba de la verdad en la calumnia (art. 207). El acusado por calumnia «quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado». Es la defensa más contundente: si lo que se dijo era cierto, no hay delito.
• La prueba de la verdad en la injuria (art. 210). Aquí el margen es mucho más estrecho: solo exime cuando las imputaciones se dirigen contra funcionarios públicos sobre hechos de su cargo o referidos a infracciones administrativas.
• La falta de gravedad. El artículo 208 exige que la injuria sea tenida en el concepto público por grave. Discutir ese umbral, atendiendo a la naturaleza, los efectos y las circunstancias de la expresión, deja muchas conductas fuera del delito.
• La libertad de expresión y de información. Los delitos contra el honor conviven con los derechos del artículo 20 de la Constitución, y buena parte de los casos se resuelven ponderando ambos, sobre todo cuando hay interés público o crítica a cargos públicos.
• La retractación (art. 214). Si el acusado reconoce ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retracta, el juez impondrá la pena inferior en grado y podrá no imponer la inhabilitación del artículo 213.
• Los defectos procesales. La ausencia de querella, la falta del acto de conciliación previo o el transcurso del plazo de un año impiden que el procedimiento prospere, con independencia del fondo.

Qué indemnización cabe reclamar

Junto a la pena, la condena lleva aparejada la responsabilidad civil derivada del delito. En los delitos contra el honor el perjuicio es habitualmente moral, y su cuantificación depende de la difusión alcanzada, de la gravedad de lo imputado y del daño acreditado en el caso concreto, por lo que no existen importes tasados.

El artículo 216 añade una forma de reparación específica de estos delitos: se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado, en el tiempo y forma que el juez o tribunal estimen más adecuados, oídas las dos partes. En ofensas difundidas públicamente suele ser la medida que más restablece el honor lesionado.

Cuando la conducta no alcanza la gravedad que exige el tipo penal, queda abierta la vía civil de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con plazos y requisitos distintos de los del proceso penal.

Preguntas frecuentes sobre injurias y calumnias

¿Cuánto tiempo tengo para denunciar unas injurias o calumnias?

Un año. El artículo 131.1 del Código Penal exceptúa las injurias y calumnias del plazo general de cinco años y fija su prescripción al año. Como además hay que intentar el acto de conciliación antes de presentar la querella, conviene no agotar el plazo.

¿Puedo ir a prisión por injurias?

No. El artículo 209 castiga las injurias graves solo con pena de multa. La prisión únicamente está prevista para la calumnia propagada con publicidad, de seis meses a dos años, como alternativa a la multa.

¿Qué pasa si lo que dije es verdad?

En la calumnia, probar el hecho delictivo imputado exime de toda pena (art. 207). En la injuria la regla es más restrictiva: la prueba de la verdad solo exime cuando las imputaciones se dirigen contra funcionarios públicos por hechos de su cargo o infracciones administrativas (art. 210).

¿Un insulto es siempre delito de injurias?

No. Solo lo es la injuria que se tenga en el concepto público por grave, según el artículo 208. Las injurias leves dejaron de ser infracción penal con la reforma de la LO 1/2015 y se reconducen a la vía civil, salvo en los supuestos del artículo 173.4 del Código Penal.

¿Sirve una denuncia o hace falta querella?

Hace falta querella. Son delitos privados y el artículo 215.1 exige querella de la persona ofendida o de su representante legal. Solo se procede de oficio cuando la ofensa se dirige contra un funcionario público, autoridad o agente sobre hechos de su cargo.

¿Puedo retirar la querella si llegamos a un acuerdo?

Sí. El artículo 215.3 establece que el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, lo que permite cerrar el procedimiento mediante acuerdo en cualquier momento antes de que se agote esa posibilidad procesal.

¿Las injurias en redes sociales se castigan más?

Pueden serlo. El artículo 211 considera hechas con publicidad las ofensas propagadas por imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, y tanto en la calumnia como en la injuria la publicidad eleva la pena. Además, el artículo 212 hace responder civilmente de forma solidaria al propietario del medio a través del cual se difundió.

Jurisprudencia sobre injurias y calumnias: ejemplos de sentencias clave

1. Calumnias Con Publicidad Y Absolución: SAP Ávila 86/2024, De 13 De noviembre

Hechos del caso

El caso se originó cuando Norberto, empresario local, presentó una querella contra Arturo, acusándolo de calumnias con publicidad e injurias graves con publicidad. Según la acusación, Arturo, durante un evento público en el Teatro del Lienzo Norte de Ávila, ante aproximadamente 347 personas, pronunció frases que implicaban que Norberto había cometido fraude y corrupción en su actividad empresarial.

El evento fue grabado en un audio, y se presentaron dos testigos, Benito y Andrés, que afirmaron haber escuchado dichas declaraciones. La defensa de Arturo sostuvo que las declaraciones fueron sacadas de contexto y que su cliente se limitó a emitir opiniones críticas sobre la actividad empresarial de Norberto sin afirmar hechos falsos.

Estrategia de Acusación

• Uso del audio grabado: La acusación presentó la grabación como prueba clave, destacando que las palabras de Arturo atribuían directamente a Norberto la comisión de delitos sin fundamento alguno.
• Testimonios de Benito y Andrés: Se argumentó que ambos testigos confirmaron que Arturo expresó acusaciones falsas y que lo hizo de manera deliberada para dañar la reputación de Norberto.
• Perjuicio reputacional: Se destacó cómo las declaraciones afectaron la imagen pública y la actividad económica de Norberto, lo que podría justificar una indemnización por daño moral.
• Solicitud de pena: Se pidió que Arturo fuera condenado a 18 meses de prisión por el delito de calumnias y a una multa de 15.000 euros por el delito de injurias graves.

Estrategia de Defensa

• Cuestionamiento de la validez del audio: Se alegó que la grabación tenía deficiencias técnicas y que no podía considerarse prueba concluyente sin un peritaje acústico que certificara su autenticidad y contexto.
• Libertad de expresión: La defensa argumentó que las declaraciones de Arturo no constituían una imputación delictiva, sino una opinión personal basada en disputas empresariales previas.
• Falta de publicidad efectiva: Aunque el evento fue público, la defensa sostuvo que no hubo una difusión masiva de las declaraciones fuera de ese contexto, lo que disminuía su impacto legal.
• Presunción de inocencia: Se insistió en que no existía prueba directa e irrefutable de que Arturo hubiera pronunciado exactamente las palabras atribuidas, lo que generaba una duda razonable.

Fundamentos del Tribunal

La Audiencia Provincial de Ávila desestimó el recurso de apelación y confirmó la absolución de Arturo basándose en los siguientes argumentos:

• Falta de prueba concluyente: No se pudo demostrar que las declaraciones de Arturo constituyeran una imputación falsa de delitos con suficiente claridad.
• Valoración de la prueba: La grabación no fue considerada prueba decisiva, ya que no había un peritaje que acreditara su autenticidad ni su contexto exacto.
• Dudas sobre la intencionalidad del acusado: Se consideró que Arturo pudo haber expresado críticas personales sin ánimo de difamar.
• Aplicación del principio ‘in dubio pro reo’: Ante la falta de certeza absoluta sobre la culpabilidad de Arturo, se mantuvo la absolución.

Fallo: Absolución de Arturo por falta de pruebas concluyentes.

Conclusión Sobre Esta Sentencia

Este caso refuerza la importancia de la prueba concluyente en delitos contra el honor. La acusación no logró demostrar de manera inequívoca que Arturo imputó falsamente delitos a Norberto, lo que llevó a la aplicación del principio de presunción de inocencia. Para futuros casos similares, la parte acusadora debería:

✅ Presentar peritajes técnicos en grabaciones de audio para garantizar su autenticidad y contexto.

✅ Demostrar de manera inequívoca la falsedad de la imputación. 

✅ Aportar pruebas de perjuicio real derivado de las declaraciones, como pérdida de contratos o clientes.

Por otro lado, la defensa en este caso supo aprovechar la falta de pruebas concluyentes y reforzó con éxito el argumento de la libertad de expresión y la duda razonable.

2. Injurias en una Comunidad de Propietarios: SAP Madrid 597/2024, de 10 de diciembre

Hechos del caso

El conflicto se originó cuando Luis Ángel, denunciante y vecino de una comunidad de propietarios, interpuso una denuncia contra su expareja Sacramento, alegando que esta había iniciado una campaña de desprestigio en su contra tras su ruptura sentimental.

Luis Ángel y Sacramento mantuvieron una relación de pareja durante varios años hasta su finalización en diciembre de 2023. Sacramento trabajaba como limpiadora en la comunidad donde residía el denunciante. Según la acusación, tras la ruptura, Sacramento colocó panfletos en los buzones de la urbanización con mensajes difamatorios, entre ellos acusaciones de maltrato, engaño y deshonestidad económica.

Además, el denunciante afirmó haber recibido llamadas con número oculto el 25 de diciembre de 2023, donde una voz femenina lo insultaba y lo acusaba de hechos deshonrosos. Luis Ángel también presentó como prueba mensajes de WhatsApp con contenido vejatorio, supuestamente enviados por Sacramento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Colmenar Viejo dictó sentencia absolutoria, argumentando que las pruebas presentadas no eran concluyentes. Luis Ángel recurrió la sentencia en apelación, insistiendo en que existían elementos suficientes para condenar a Sacramento por delito leve de coacciones, injurias y calumnias.

Estrategia de Acusación

• Prueba documental: Se aportaron los panfletos recogidos en la urbanización y los mensajes de WhatsApp como evidencia de la conducta vejatoria.
• Testifical del administrador de la comunidad: Declaró que Sacramento tenía acceso a todas las zonas comunes y que varios vecinos le expresaron inquietudes sobre los mensajes difamatorios.
• Análisis de las llamadas recibidas: Se solicitó una certificación a la empresa Movistar para identificar al emisor de las llamadas ocultas.
• Perjuicio moral: Se alegó que la imagen pública de Luis Ángel dentro de la comunidad había sido gravemente afectada y que su bienestar emocional se vio alterado.
• Solicitud de pena: Se pidió la condena de Sacramento por coacciones, injurias y calumnias, además de una indemnización por daños morales.

Estrategia de Defensa

• Negación de la autoría de los panfletos y llamadas: La defensa argumentó que no existía prueba directa de que Sacramento fuera la responsable de la colocación de los mensajes ni de las llamadas con número oculto.
• Falta de pruebas periciales: Se destacó que no se realizó una pericial caligráfica ni un rastreo de llamadas que vinculara a Sacramento con los hechos.
• Duda razonable sobre la procedencia de los mensajes de WhatsApp: La defensa sostuvo que el denunciante no pudo demostrar que los mensajes provinieran de Sacramento y que podrían haber sido manipulados o enviados por terceros.
• Falta de tipificación penal: Se alegó que, en caso de que los hechos fueran ciertos, se trataría de injurias leves, que fueron despenalizadas por la reforma del Código Penal de 2015.

Fundamentos Del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª) confirmó la sentencia absolutoria basándose en los siguientes argumentos:

1. Falta de pruebas concluyentes: No se pudo demostrar de manera inequívoca que Sacramento fuera la autora de los panfletos ni de los mensajes ofensivos.
2. Negación de la acusada: Sacramento reconoció ser titular del número telefónico desde el cual presuntamente se enviaron los mensajes, pero negó haberlos remitido.
3. Principio de inmediación: Se valoró que la sentencia de primera instancia fue dictada tras la práctica de pruebas personales, lo que impide su revocación sin nuevas diligencias probatorias.
4. Presunción de inocencia: Ante la falta de certeza en la autoría de los hechos, el tribunal aplicó el principio in dubio pro reo, que favorece al acusado en caso de duda.

Fallo

• Se desestima el recurso de apelación interpuesto por Luis Ángel.
• Se confirma la absolución de Sacramento.
• No se imponen costas procesales.

Conclusión sobre esta sentencia

Este caso pone de relieve la dificultad de probar delitos de injurias y calumnias sin pruebas periciales y evidencias concluyentes. La acusación basó su estrategia en testigos y pruebas documentales, pero la falta de un análisis caligráfico y pericial de las llamadas debilitó su posición. Para futuros casos similares, la parte acusadora debería:

✅ Solicitar pericial caligráfica de los panfletos para probar la autoría. 

✅ Pedir un rastreo de llamadas para identificar el origen de las comunicaciones con número oculto. 

✅ Acreditar un perjuicio real, como afectaciones laborales o psicológicas verificables.

Por otro lado, la defensa en este caso aprovechó la presunción de inocencia y la falta de pruebas concluyentes, reforzando los principios de inmediación e in dubio pro reo para lograr la absolución de la acusada.

3. Injurias y Calumnias en el Ámbito Policial: STS 607/2014, de 24 de septiembre

Hechos del caso

El caso surge a raíz de comentarios ofensivos vertidos contra una sargento de la Policía Local de Oviedo, Milagrosa, por parte de varios compañeros de trabajo entre octubre de 2007 y febrero de 2008. Entre los acusados se encuentran Carmelo, Enrique, Gregorio y Amadeo, todos ellos agentes o suboficiales del cuerpo, así como Felicidad, una limpiadora en las dependencias policiales.

Según los hechos probados, los acusados solían reunirse en un cuarto dentro de las instalaciones policiales, donde hacían comentarios despectivos sobre la sargento, entre ellos que «era una puta», que «había conseguido su puesto a base de abrirse de piernas», que «su hijo era del jefe de la Policía» y que «hacía la calle porque le venía de familia». Estas afirmaciones no solo se realizaban en conversaciones privadas entre ellos, sino que también se difundieron a través de la emisora oficial de la Policía Local, utilizando frases en forma de estribillo como: «Gamba se folla a Peliteñida», con indicativos que correspondían a sargentos y otros mandos policiales.

Además, aparecieron carteles anónimos en el tablón de anuncios de la comisaría, con mensajes insinuando una relación sentimental de la sargento con otros funcionarios del cuerpo.

La denunciante, Milagrosa, sufrió un trastorno adaptativo y tuvo que recibir tratamiento psicológico y farmacológico.

Estrategia de Acusación

La acusación particular, representada por la sargento Milagrosa, basó su estrategia en los siguientes puntos:

1. Acreditación de la existencia de las injurias y calumnias
   • Testimonios de testigos que confirmaron haber escuchado las expresiones difamatorias en la comisaría.
   • Declaraciones de compañeros que confirmaron la animadversión del grupo hacia la denunciante.
   • Pruebas periciales médicas que acreditaban el daño psicológico sufrido por Milagrosa.
2. Difusión y publicidad del daño
   • Se intentó demostrar que las expresiones no solo eran comentarios privados, sino que fueron divulgadas mediante la emisora policial, generando un daño reputacional en el ámbito laboral de la denunciante.
3. Afectación a la integridad moral de la víctima
   • Se alegó que las expresiones eran reiteradas y constituían un hostigamiento continuado que afectó gravemente a la salud mental de Milagrosa.
4. Solicitación de condena por calumnias e injurias
   • Se pidió la condena de los acusados por calumnias con publicidad (art. 205 CP) e injurias graves (art. 208 CP), así como una indemnización por daño moral y la publicación de la sentencia en un medio de comunicación.

Estrategia de Defensa

Los acusados, por su parte, argumentaron los siguientes puntos en su defensa:

1. Presunción de inocencia y falta de pruebas directas
   • Alegaron que no existían pruebas concluyentes de que ellos fueran los responsables de los mensajes transmitidos por la emisora de radio.
   • Se sostuvo que la emisora era analógica y no permitía identificar al autor de los mensajes.
2. Alegación de contexto informal y falta de intención difamatoria
   • Se argumentó que las expresiones se produjeron en un ambiente de confianza y sin intención real de difamar a la sargento.
   • Se insistió en que los comentarios eran bromas y no tenían la intención de causar un daño reputacional.
3. Errores en la valoración de la prueba
   • La defensa presentó certificados de horarios y testimonios para demostrar que los acusados no siempre coincidían en las reuniones en las que se habrían hecho los comentarios.
4. Cuestionamiento del daño moral alegado
   • Se intentó probar que la afectación psicológica de la denunciante no estaba únicamente relacionada con estos hechos, sino con otros problemas personales y laborales.
5. Solicitud de absolución o reducción de condena
   • Se pidió la absolución de los acusados o, en su defecto, que las declaraciones fueran consideradas meras ofensas sin relevancia penal.

Fundamentos del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación interpuesto por la acusación particular y rechazó el de los acusados, fundamentando su fallo en los siguientes puntos:

1. Confirmación de la existencia del delito de injurias
   • El tribunal consideró acreditado que las expresiones proferidas constituían injurias graves, ya que afectaban la dignidad y honor de la víctima de manera reiterada y con publicidad.
2. Insuficiencia de pruebas para el delito de calumnias
   • Respecto al delito de calumnias, el Supremo concluyó que no se pudo probar con precisión la identidad de los autores de los mensajes transmitidos por radio y los escritos anónimos en el tablón.
3. Ratificación de la condena por injurias
   • Se confirmó la condena por injurias graves continuadas, aplicando el artículo 74 CP sobre continuidad delictiva.
4. Responsabilidad civil y reparación del daño
   • Se estableció una indemnización de 6.000 euros a favor de la víctima por daño moral, de la cual también sería responsable el Ayuntamiento de Oviedo como responsable civil subsidiario.
5. Publicación de la sentencia
   • El Supremo ordenó la publicación de la sentencia a costa de los condenados, como parte de la reparación del daño a la víctima.
6. Condena en costas
   • Se incluyeron en la condena las costas de la acusación particular, reconociendo la relevancia de su intervención en el proceso.

Fallo

1. Se estima parcialmente el recurso de casación de la acusación particular
   • Se ordena la publicación de la sentencia condenatoria en los términos del artículo 216 CP.
   • Se confirman las costas procesales en favor de la acusación particular.
2. Se desestima el recurso de casación de los acusados
   • Se mantiene la condena por injurias con una pena de siete meses de multa con una cuota diaria de 8 euros (excepto para Felicidad, cuya multa se redujo a 3 meses con una cuota de 5 euros).
   • Se ratifica la indemnización de 6.000 euros a la víctima.
   • Se absuelve a los acusados del delito de calumnias.

Conclusión sobre esta sentencia

Esta sentencia del Tribunal Supremo es un ejemplo de cómo se delimita el alcance de los delitos contra el honor en el ámbito laboral y administrativo. Algunas conclusiones clave:

✅ Diferenciación entre injurias y calumnias: Para que exista calumnia, es necesario probar que se imputó falsamente un delito, lo cual en este caso no se pudo demostrar.
✅ Importancia de la prueba testifical: La condena por injurias se basó en testimonios directos y la reiteración de los insultos en un contexto laboral.
✅ Reparación del daño: El tribunal ordenó no solo una indemnización económica, sino también la publicación de la sentencia como medida de reparación moral.

Este caso demuestra cómo los delitos contra el honor pueden generar graves consecuencias legales en el ámbito profesional y la importancia de una estrategia procesal sólida en ambas partes.

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