La trata es de los delitos que llegan con la petición de pena más alta del Código Penal fuera del homicidio. Empieza en cinco años de prisión, sube a ocho cuando hay menores o víctimas vulnerables, y se suma a la pena de la explotación que se haya cometido. Una acusación que arranca en cinco años puede acabar en peticiones de veinte.
También es de los delitos que peor se califican. Muchas causas que se abren como trata son en realidad otra cosa: favorecimiento de la inmigración ilegal, un delito contra los derechos de los trabajadores o una explotación laboral sin el elemento que la trata exige. Y en el otro extremo, hay personas detenidas en una operación que no son responsables de nada: son las víctimas.
Soy abogada penalista en Madrid. Asumo la defensa de investigados por el artículo 177 bis y también la acusación y el acompañamiento de víctimas, que en este delito tienen un estatuto propio.
El delito se construye sobre tres piezas, y las tres tienen que concurrir. Si falta una, no hay trata.
No hace falta que la explotación llegue a producirse. El delito se consuma con la captación o el traslado si concurren el medio y la finalidad. Por eso la defensa se juega tan a menudo en probar que no había ninguna de las dos cosas.
Cuando la víctima es menor de edad, la ley no exige ninguno de esos medios: basta la conducta y la finalidad.
Es la confusión más extendida y la primera línea de defensa en muchas causas.
Castiga ayudar a entrar o transitar por España vulnerando la normativa de extranjería. Protege el control de los flujos migratorios y no exige explotación ninguna. Sus penas son sustancialmente menores.
Protege a la persona, no a la frontera. Puede cometerse dentro de España, sobre víctimas españolas y sin cruzar ningún límite territorial. Lo que la define es el medio empleado y la finalidad de explotar.
Que alguien haya facilitado un viaje, un alojamiento o unos papeles no lo convierte en tratante. Separar una cosa de la otra es lo que decide si hablamos de una horquilla u otra.
Conviene decirlo con claridad porque genera muchas expectativas equivocadas. Cuando se ha empleado alguno de los medios del artículo 177 bis, el consentimiento de la víctima es irrelevante por expresa disposición legal. Que la persona aceptara venir, que supiera a qué actividad se dedicaría o que cobrara por ello no excluye el delito.
La defensa, por tanto, no consiste en acreditar que la víctima estaba de acuerdo, sino en discutir si existió realmente ese medio comisivo: si hubo engaño sobre las condiciones, si existió una situación de vulnerabilidad de la que se abusara, si la deuda que se invoca era coactiva o era un acuerdo económico.
A esto se añade la regla que dispara las condenas: las penas de la trata se imponen sin perjuicio de las que correspondan por los delitos efectivamente cometidos, incluidos los de explotación. La trata de personas y la explotación sexual o laboral no se absorben, se suman.
Estas causas suelen instruirse junto a detención ilegal, delitos contra la libertad sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, con intervenciones telefónicas y registros de por medio. La regularidad de esas diligencias es otro terreno de defensa.
El Código Penal contiene una previsión que conviene conocer: la víctima de trata queda exenta de pena por las infracciones que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación fuera consecuencia directa de la violencia, intimidación, engaño o abuso al que estuvo sometida y exista proporcionalidad entre ambas cosas.
Es una norma decisiva, porque en muchas operaciones las primeras personas detenidas son las que estaban siendo explotadas. Identificarlas como víctimas y no como responsables cambia por completo el procedimiento.
Además, la normativa de extranjería prevé un estatuto específico para las víctimas identificadas, con un periodo de restablecimiento y reflexión y la posibilidad de obtener autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Son cuestiones que se tramitan en paralelo al proceso penal y conviene abordarlas a la vez.
Entre el artículo 177 bis y el 318 bis hay años de diferencia. Trabajar en exclusiva en Derecho Penal me permite discutir esa frontera desde la primera declaración.
Suelen llegar con intervenciones telefónicas, registros y una pluralidad de acusados. Mi experiencia previa como gestora procesal me da el dominio del procedimiento para delimitar posiciones y pedir a tiempo las diligencias que hagan falta.
Son procesos largos, con prisión provisional frecuente y con dificultades de idioma y de contexto. Mi formación en Psicología ayuda a preparar la declaración y a explicar cada paso.
Cuéntame tu caso y lo revisamos desde el primer día, con total confidencialidad.
El tráfico ilegal del artículo 318 bis castiga favorecer la entrada o el tránsito irregular por España y protege el control migratorio. La trata protege a la persona y exige un medio comisivo y una finalidad de explotación. Puede cometerse sin cruzar ninguna frontera y sobre víctimas españolas.
Sí. Cuando se ha empleado violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de vulnerabilidad, el consentimiento de la víctima es irrelevante por disposición expresa de la ley.
No. El delito se consuma con la captación, el traslado o la acogida si concurren el medio y la finalidad de explotación. Si además hubo explotación efectiva, esa pena se suma a la de la trata.
En ese caso no se exige ninguno de los medios comisivos: basta con la conducta y la finalidad de explotación. Además, la minoría de edad eleva la pena al grado superior.
El tipo incluye acoger, recibir y transportar, pero siempre con conocimiento del medio y de la finalidad. Prestar un alojamiento o un traslado sin conocer para qué servían no genera responsabilidad, y ese es precisamente el punto que la defensa discute en las causas con varios investigados.
El artículo 177 bis prevé la exención de pena para la víctima por las infracciones cometidas durante la situación de explotación, cuando fueron consecuencia directa de ella. Es fundamental que esa condición se acredite desde el primer momento del procedimiento.
Sí. El artículo 177 bis contempla la responsabilidad de la persona jurídica cuando el delito se comete en su nombre o beneficio, con penas de multa y medidas que pueden alcanzar a la actividad. Es una situación que aparece en supuestos de explotación laboral.
Hay en tramitación un anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que reordenaría la materia y reforzaría el estatuto de la víctima. Hasta que se apruebe, el régimen aplicable sigue siendo el del artículo 177 bis.
Actuamos en el marco de todos los delitos enmarcados en el código penal.
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