Abogada de delitos contra la libertad sexual en Madrid

La libertad sexual es el derecho de cada persona a decidir, sin coacciones, sobre su vida sexual. En lo penal, protege la autodeterminación sexual frente a conductas que la lesionan. El consentimiento es el eje: debe ser libre y manifestarse de forma clara.

La indemnidad sexual protege a quienes no pueden prestar consentimiento válido por edad o situación (especialmente menores de 16 años). Cualquier acto sexual con menores tiene un tratamiento agravado específico.

Hoy ya no se usa “abuso sexual” como categoría penal: desde la reforma, todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual. El eje es el consentimiento:

Solo hay consentimiento si la persona lo manifiesta libremente con actos claros, según las circunstancias del caso.

¿Qué entra como “agresión sexual”?

• Cualquier acto sexual sin consentimiento.
• Y, “en todo caso”, si hubo violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad, si la víctima estaba privada de sentido o con la voluntad anulada (por ejemplo, por sustancias).

¿Y la “violación”? Es una agresión sexual con acceso carnal (vaginal, anal o bucal) o con introducción de miembros u objetos: la ley la trata aparte porque es más grave.

Ejemplos rápidos

• Tocamientos o besos forzados sin consentimiento → agresión sexual.
• Penetración sin consentimiento → violación.
• Víctima con la voluntad anulada (p. ej., sumisión química) → agresión y, además, agravantes específicas.

“Abuso” desaparece como etiqueta. Todo lo no consentido es agresión; la violación es la agresión con penetración.

Hoy hablamos de agresión sexual (la antigua categoría “abuso” se integró aquí). Las penas dependen de cómo ocurrió y qué ocurrió:

1. A) Agresión sexual “básica” (sin violencia/intimidación)

• Prisión de 1 a 4 años.
• En casos de menor entidad, y si no hay violencia/intimidación ni agravantes, el juzgado puede bajar a la mitad inferior o incluso imponer multa de 18 a 24 meses.

1. B) Agresión con violencia o intimidación / víctima con la voluntad anulada

• Prisión de 1 a 5 años.

1. C) Violación (agresión con acceso carnal o introducción)

• Prisión de 4 a 12 años (base).
• Si, además, hubo violencia/intimidación o la víctima tenía la voluntad anulada → 6 a 12 años.

1. D) Agravantes que suben la pena ( 180 CP) Si concurre alguna de estas circunstancias, en grupo, violencia especialmente grave o trato degradante, especial vulnerabilidad, pareja/expareja, relación de superioridad/convivencia, armas, sumisión química, los marcos suben así:

• Si era el caso A (178.1) → 2 a 8 años.
• Si era el caso B (178.3) → 5 a 10 años.
• Si era violación base (179.1) → 7 a 15 años.
• Si era violación con violencia/intimidación (179.2) → 12 a 15 años.

1. E) Menores de 16 años ( 181 CP) Con menores, los rangos suben (por ejemplo, 2 a 6 años sin penetración y 8 a 12 con penetración; más altos si hay violencia/intimidación o agravantes).

Importante: el encaje exacto (y la pena final) lo decide el tribunal según los hechos y pruebas del caso. Para orientar bien, hay que analizar el atestado y la resolución.

La ley “Solo sí es sí” es la reforma que unifica abuso y agresión bajo el criterio del consentimiento y refuerza medidas de prevención, asistencia y reparación a víctimas. En 2023 hubo ajustes en algunos marcos penales. Hoy la práctica forense gira en torno al consentimiento y a las circunstancias concurrentes.

Desde el 3 de octubre de 2025, los Juzgados y Secciones de Violencia sobre la Mujer asumen los delitos de violencia sexual contra la mujer (con despliegue progresivo). Los asuntos anteriores a esa fecha siguen en su juzgado de origen. Si la víctima no es mujer, conoce la jurisdicción penal ordinaria (instrucción/penal/Audiencia, según corresponda).

Ante una acusación de abuso o agresión sexual, es fundamental actuar con serenidad y conocimiento de los propios derechos. La primera medida consiste en ejercer el derecho a contar con un abogado o abogada especialista en agresiones sexuales desde el primer momento, evitando realizar declaraciones sin su asistencia. En caso de que el atestado policial esté incompleto o falten piezas, también es legítimo optar por guardar silencio hasta disponer de toda la información necesaria.

En relación con las pruebas, es esencial no borrar ni manipular ningún tipo de contenido que pueda tener relevancia en el caso. Debe conservarse el teléfono móvil y, cuando proceda, solicitar una copia forense de su contenido para garantizar la autenticidad de los datos.

La estrategia de defensa debe centrarse en construir una versión coherente y cerrada de los hechos, respaldada por soportes objetivos como conversaciones, registros de ubicación o testigos. Al mismo tiempo, es importante impugnar cualquier diligencia que se haya practicado de forma irregular o que vulnere derechos fundamentales.

Por último, se recomienda mantener una conducta prudente y respetuosa, evitando en todo momento cualquier tipo de contacto con la persona denunciante o con su entorno. Este comportamiento no solo protege frente a posibles nuevas imputaciones, sino que también refuerza la imagen de colaboración y respeto ante la autoridad judicial.

Las víctimas de violencia sexual cuentan con el derecho a información y apoyo, asistencia jurídica, médica y psicológica, protección (órdenes y medidas), participación en el proceso y reparación del daño. Asimismo, existen recursos públicos y protocolos específicos.

Puedes desistir de la acusación particular; sin embargo, son delitos públicos y la Fiscalía puede continuar. Antes de dar ningún paso, conviene valorar efectos procesales y de protección.

• Sanitarias/forenses: parte de lesiones, análisis toxicológico, muestras biológicas (ADN).
• Digitales: mensajes, audios, fotos, ubicaciones; conservar metadatos (evitar reenviar/editar).
• Testigos y CCTV: portales, locales, transporte.
• Psicológica: pericial de credibilidad y daño. Consejo práctico: acudir a urgencias sin cambiarse ni ducharse y guardar la ropa en bolsa de papel. Pedir asistencia letrada en comisaría, juzgado o llamar a abogada de confianza.

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