De un día para otro te bloquean las cuentas. Alguien tiene que explicar de dónde salió cada bien, cada transferencia, cada ingreso en efectivo, y ese alguien eres tú. El blanqueo casi nunca llega solo: aparece pegado a otra investigación (un delito fiscal, una estafa, tráfico de drogas) o a raíz de un incremento de patrimonio que no encaja sobre el papel.
Lo más duro es la sensación de que la carga de explicar tu dinero recae sobre ti. Esa situación se puede rebatir, y cuanto antes se ordene la documentación, mejor: en el blanqueo la defensa se construye sobre la trazabilidad de los fondos y sobre los indicios de la acusación, no con buenas palabras.
Soy abogada penalista en Madrid, dedicada en exclusiva a delitos económicos. Trabajo ante la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid para discutir el origen de los fondos y desmontar los indicios en los que se apoya la acusación.
Si tienes cuentas bloqueadas o un embargo, esa es la urgencia. Las medidas cautelares se pueden recurrir, y hacerlo cuanto antes evita que la parálisis económica se alargue meses. Mi primera actuación suele ser doble:
Aporto la documentación sobre el origen de los fondos afectados para pedir su levantamiento o su modulación.
Preparo qué conviene decir, porque en delitos económicos esa primera comparecencia condiciona toda la instrucción.
Las medidas cautelares se pueden recurrir, y cuanto antes se actúe, mejor. Cuéntame tu caso y ordenamos la documentación desde el primer día.
El blanqueo se condena, la mayoría de las veces, con prueba indiciaria: la acusación no necesita una condena previa por el delito del que supuestamente procede el dinero, le basta con un conjunto de indicios (incrementos patrimoniales injustificados, uso de efectivo, sociedades interpuestas). Desmontar esos indicios uno a uno y ofrecer una explicación de la trazabilidad de los bienes es el centro de la defensa.
El otro frente es lo que se conocía. El listón subjetivo es bajo: el Tribunal Supremo admite el dolo eventual e incluso la llamada ‘ignorancia deliberada’ (STS 33/2005, de 19 de enero). Por eso acreditar qué se sabía y qué no sobre el origen de los fondos, sobre todo cuando se actuó como intermediario, marca la diferencia entre una condena y una absolución.
Blanquear capitales es adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, para ocultar o encubrir su origen ilícito (art. 301 CP). Lo que protege la ley es el orden socioeconómico. Se le conoce también como lavado de dinero, y suele imputarse junto al delito del que procede el dinero (el llamado delito precedente), no en su lugar. La doctrina describe tres fases: la colocación de los fondos, su transformación mediante sucesivas operaciones y su integración final en el circuito legal. Conviene no confundir el blanqueo con la receptación (art. 298 CP), que es aprovecharse de los efectos de un delito ajeno y tiene otra pena y otra defensa.
No todos los blanqueos se defienden igual. Identificar cuál se te imputa es la primera decisión:
El Código Penal (arts. 301 a 304 CP) gradúa la pena según la modalidad y el origen del dinero:
A la pena se suele añadir el decomiso de los bienes de origen ilícito, incluido el decomiso ampliado, y, cuando el delito se comete en una empresa, la responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 302.2). No existe una cantidad mínima: lo decisivo es el origen ilícito y el conocimiento de esa procedencia, no el importe. En su modalidad básica prescribe a los 10 años.
No todos los casos son de defensa penal. Si eres un sujeto obligado por la Ley 10/2010 (gestorías, inmobiliarias, asesorías) o una empresa señalada tras una operación comunicada al SEPBLAC, el terreno es distinto: aquí pesan el modelo de prevención de delitos, la debida diligencia sobre el cliente y el titular real, y el art. 31 bis CP. Un programa de cumplimiento eficaz y bien aplicado, con su canal de denuncias, puede atenuar o excluir la responsabilidad de la persona jurídica, y su análisis forma parte de la estrategia. Este es el punto donde el blanqueo conecta con la corrupción entre particulares y con los delitos societarios.
El blanqueo con dimensión económica o internacional se ventila con frecuencia ante la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, el mismo órgano que resuelve las extradiciones que a veces acompañan a estos casos.
Ejercer aquí y dedicarme en exclusiva a delitos económicos aporta cercanía al órgano que decide y foco en la prueba financiera, que es donde se gana el caso.
Mi experiencia previa como gestora procesal me da el dominio del procedimiento desde dentro, y mi formación en Psicología, un trato sereno en un proceso largo y tenso.
En el blanqueo, ordenar la documentación y desmontar los indicios cuanto antes marca la diferencia. Cuéntame tu situación.
Sí. Las medidas cautelares se pueden recurrir, y es de las primeras actuaciones: aportar la documentación sobre el origen de los fondos y pedir el levantamiento o la modulación del bloqueo para frenar la parálisis económica.
No. El Código Penal no fija un importe a partir del cual los hechos sean punibles. Lo decisivo es el origen ilícito de los bienes y el conocimiento de esa procedencia. La cuantía sí influye en la multa, que es proporcional al valor de los bienes.
Puede imputarse blanqueo por imprudencia grave, que no exige intención plena: basta no haber actuado con la diligencia exigible. Por eso importa una defensa que analice qué se sabía y qué se podía saber, sobre todo si se actuó como intermediario o mula bancaria.
Blanquear bienes que proceden de un delito cometido por uno mismo. Se castiga de forma autónoma respecto a ese delito previo y cambia el enfoque de la defensa frente a quien blanquea dinero de un tercero.
La receptación (art. 298 CP) consiste en aprovecharse con ánimo de lucro de los efectos de un delito ajeno. El blanqueo persigue ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes para reintroducirlos en el circuito legal. La calificación cambia la pena y la estrategia.
Puede serlo. Las operaciones con criptoactivos y mezcladores se presentan a menudo como una forma de ocultar el rastro del dinero. La defensa se centra en la trazabilidad real de esas operaciones y en qué conocimiento se tenía sobre el origen de los fondos.
En su modalidad básica, con pena máxima de 6 años, prescribe a los 10 años. En la modalidad imprudente el plazo es menor. Conviene revisar cada caso, porque el cómputo depende de la pena en abstracto.
Puede responder. Un programa de cumplimiento (compliance) y su correcta aplicación son piezas clave para atenuar o excluir esa responsabilidad, y se analizan desde el inicio.
Actuamos en el marco de todos los delitos enmarcados en el código penal.
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