En una Euroorden todo se decide muy pronto y algunas decisiones no se pueden deshacer.
El detenido pasa a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en un máximo de 72 horas. En esa comparecencia se le pregunta si consiente la entrega. Si dice que sí, el consentimiento es irrevocable y el traslado al país que reclama se produce en unos diez días. Si dice que no, se abre un procedimiento que puede terminar con la entrega denegada.
Nadie debería responder a esa pregunta sin haber leído antes la orden y saber qué motivos de denegación caben en su caso.
La Orden Europea de Detención y Entrega es una resolución dictada por la autoridad judicial de un país de la Unión Europea para que otro Estado miembro detenga y entregue a una persona, bien para juzgarla, bien para que cumpla una condena ya impuesta.
Sustituyó a la extradición entre países de la Unión y funciona sobre el principio de confianza mutua: los tribunales españoles tramitan la entrega salvo que concurra alguno de los motivos legales de denegación. En España la regulan los artículos 34 a 62 de la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Un dato que conviene tener presente desde el principio: todo se sustancia en Madrid. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional decide sobre la situación personal y sobre la entrega, y la Sala de lo Penal resuelve el recurso. Si el reclamado es menor de edad, interviene el Juzgado Central de Menores.
En la comparecencia inicial se plantean dos cuestiones que condicionan todo lo demás: si se consiente la entrega y si se renuncia al principio de especialidad, que es la garantía de que el país emisor solo podrá juzgar por los hechos de la orden y no por otros anteriores.
Consentir tiene sentido en algunos casos. Cuando la entrega es inevitable y el objetivo es acortar el tiempo en prisión provisional en España, o cuando el interés está en llegar cuanto antes al proceso del país emisor, la vía rápida puede ser la mejor. Pero es una decisión que hay que tomar con la orden en la mano y con el análisis hecho, no en el pasillo del juzgado.
Renunciar al principio de especialidad casi nunca beneficia al reclamado, y es una renuncia que se pide en el mismo acto.
La ley fija causas tasadas y es ahí donde se construye la oposición. Entre las obligatorias están el indulto en España por los mismos hechos, el sobreseimiento libre, la existencia de una resolución definitiva en otro Estado miembro sobre los mismos hechos y la falta de responsabilidad penal por razón de la edad.
Junto a ellas hay motivos facultativos que el tribunal puede apreciar, entre otros la prescripción del delito conforme al Derecho español cuando España sea competente, la litispendencia por estar siguiéndose aquí un procedimiento por los mismos hechos, o la falta de doble tipificación.
Sobre esto último conviene una precisión que sorprende a mucha gente: para un listado de 32 categorías de delitos graves no se controla si el hecho es delito también en España. Si la conducta encaja en ese listado y el país emisor prevé una pena suficiente, la entrega procede sin ese examen. Fuera de esas categorías, sí puede discutirse.
A esto se añaden los motivos vinculados a derechos fundamentales, que es donde más han evolucionado los tribunales: condiciones de las prisiones del Estado emisor, riesgo de trato inhumano o degradante y dudas sobre la independencia judicial. Son alegaciones que exigen prueba y que un abogado especialista debe documentar con informes, no simplemente invocar.
Durante toda la tramitación puede solicitarse la libertad provisional, con fianza, retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. Que el procedimiento avance no significa que haya que esperarlo en prisión, y esa es una de las primeras peticiones que hay que plantear.
Hay una garantía que conviene conocer y que muchas veces no se solicita.
Cuando el reclamado es español o reside en España, la entrega puede condicionarse a que, si resulta condenado, sea devuelto a España para cumplir aquí la pena. No evita el traslado ni el juicio en el país emisor, pero cambia por completo dónde se pasan los años de condena, con lo que eso significa para la familia y para el régimen penitenciario.
Es una condición que se pide en el procedimiento de entrega. Si no se plantea entonces, después es mucho más difícil.
Se confunden constantemente y son procedimientos distintos.
Opera entre Estados de la Unión Europea, es puramente judicial y no interviene el Gobierno en ningún momento. Sus plazos son cortos.
La extradición se aplica a países de fuera de la Unión, se rige por tratados y por la Ley 4/1985, y tiene una fase judicial ante la Audiencia Nacional seguida de una decisión final del Consejo de Ministros. Es más lenta y con más vías de oposición.
Si te reclama Francia, Alemania o Italia, hablamos de euroorden. Si te reclama Marruecos, Colombia o Estados Unidos, de extradición. La defensa se plantea de forma distinta en cada caso.
La Audiencia Nacional está en Madrid y no hay procedimiento de entrega que se tramite en otro sitio. Ejercer en Madrid significa poder estar en la comparecencia sin depender de un desplazamiento.
Con 72 horas hasta la comparecencia y una decisión irreversible sobre la mesa, la diferencia la marca llegar con la orden leída. Mi experiencia previa como gestora procesal me permite moverme rápido en el expediente.
En estos casos quien llama suele estar en otro país, muchas veces en otro idioma y sin entender el sistema español. Explicar con claridad qué va a pasar y cuándo forma parte del trabajo.
Cuéntame tu caso y lo revisamos desde el primer día, con total confidencialidad.
En un máximo de 72 horas pasarás a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Allí se te informará de la orden y de tus derechos, se te preguntará si consientes la entrega y se decidirá sobre tu situación personal, que puede ser prisión provisional o libertad con medidas cautelares.
Depende del caso, y es la decisión más importante del procedimiento porque no se puede revocar. Consentir acelera mucho los plazos, lo que interesa cuando la entrega es inevitable. Oponerse tiene sentido cuando concurre algún motivo de denegación o cuando conviene ganar tiempo para preparar la defensa en el país emisor.
No siempre, pero sí en más casos de los que la gente cree. La ley contempla causas de denegación tasadas y, además, los tribunales pueden rechazar la entrega cuando existe riesgo acreditado para los derechos fundamentales del reclamado en el Estado emisor. Cada motivo exige prueba concreta.
No necesariamente. Puede pedirse la libertad provisional con fianza, retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. Es una de las primeras peticiones que debe plantear tu abogado en la comparecencia inicial.
Con consentimiento, alrededor de diez días. Sin consentimiento, el plazo general es de 60 días desde la detención, ampliable en 30 más cuando está justificado. Después, el traslado se produce en unos diez días desde que la decisión es firme.
Puede solicitarse que la entrega quede condicionada a la devolución a España para cumplir aquí la pena, tanto si eres español como si resides en España. Hay que pedirlo dentro del procedimiento de entrega.
No. La euroorden funciona entre países de la Unión Europea, es exclusivamente judicial y muy rápida. La extradición se aplica a terceros países, se rige por tratados y termina con una decisión del Consejo de Ministros.
Depende. Para un listado de 32 categorías de delitos graves no se controla la doble tipificación y la entrega procede igualmente. Fuera de ese listado, que el hecho no sea delito en España es un motivo que puede alegarse.
Actuamos en el marco de todos los delitos enmarcados en el código penal.
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