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Un acusado de tráfico de drogas afirma que consume TUSI a diario. Se analiza una muestra de su cabello y el resultado confirma consumo de ketamina, MDA, MDMA y norketamina. Existe, además, un informe del Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información y Atención al Detenido (SAJIAD).
Podría parecer que hay material suficiente para aplicar una atenuante de drogadicción.
La Audiencia Provincial de Madrid entendió que no.
El caso es interesante porque muestra bastante bien uno de los errores que encuentro con frecuencia cuando se habla de drogadicción y responsabilidad penal: acreditar que una persona consume drogas no equivale a acreditar que tiene derecho a una reducción de pena.
La SAP Madrid 138/2026, de 17 de marzo, examinó precisamente esa situación. El análisis capilar demostraba el consumo, pero el informe del SAJIAD señalaba que no disponía de datos objetivos suficientes para acreditar o descartar una problemática de consumo y que no constaba una evaluación ni un diagnóstico que permitiera establecerla.
Y ahí empieza realmente la cuestión jurídica.
Qué exige la atenuante de drogadicción del artículo 21.2 del Código Penal
El artículo 21.2 del Código Penal contempla como circunstancia atenuante que el culpable actúe a causa de su grave adicción a determinadas sustancias.
Esas pocas palabras son importantes.
La ley no dice simplemente que el acusado sea consumidor, ni siquiera que consuma habitualmente. Exige una grave adicción y, además, establece una conexión entre esa adicción y el delito cometido.
La STS 341/2026, de 13 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2097), explica que esta atenuante tiene un carácter esencialmente funcional: interesa conocer hasta qué punto la grave adicción intervino en la motivación que llevó a cometer el delito.
Esto permite entender por qué dos personas con una dependencia similar pueden recibir una respuesta penal diferente.
Una persona puede padecer una grave adicción y cometer un delito completamente desvinculado de ella. En ese caso, la existencia de la dependencia no basta para aplicar el artículo 21.2 CP.
La situación cambia cuando el delito aparece conectado precisamente con la necesidad derivada de esa dependencia. El ejemplo clásico es el delito patrimonial cometido para conseguir dinero con el que adquirir droga. Pero también puede plantearse en determinados supuestos de venta de droga a pequeña escala destinada a financiar el propio consumo.
Por tanto, en un procedimiento penal la pregunta no debería quedarse en: ¿Consumía drogas? Hay que avanzar bastante más: ¿Existía realmente una grave adicción y qué relación tuvo esa adicción con el delito que se está juzgando?
Ser consumidor, incluso habitual, no es suficiente
Este punto tiene una consecuencia probatoria importante.
Una analítica de orina positiva puede acreditar consumo. Un análisis de cabello puede ofrecer información muy valiosa sobre la presencia de determinadas sustancias durante un periodo de tiempo. Los antecedentes médicos, los tratamientos de deshabituación o la intervención de servicios especializados pueden completar esa información.
Pero consumo y drogodependencia no son conceptos intercambiables.
Para construir correctamente esta atenuante interesa acreditar el diagnóstico de dependencia, su intensidad y cronicidad, posibles episodios de abstinencia, tolerancia o recaídas y, especialmente, la relación de todo ello con la conducta delictiva concreta.
Esto se ve perfectamente en la sentencia madrileña con la que comenzaba este artículo. El acusado afirmaba consumir TUSI diariamente y el análisis capilar era positivo a varias sustancias. Sin embargo, el SAJIAD no disponía de datos objetivos suficientes para acreditar una problemática de consumo y tampoco constaba una evaluación o diagnóstico que permitiera sostenerla en los términos pretendidos por la defensa.
Una prueba toxicológica puede demostrar que una persona ha consumido. Por sí sola, no demuestra necesariamente la existencia de una grave adicción ni explica qué influencia tuvo esa adicción en el delito.
Por eso, cuando esta cuestión puede ser relevante para una defensa penal, no me parece suficiente llegar al juicio con una referencia genérica al consumo o con una analítica aislada. La historia clínica, los tratamientos previos, los informes de centros de adicciones y, cuando sea necesario, una valoración pericial correctamente construida pueden ser determinantes.
Y conviene obtener esa documentación cuanto antes. Reconstruir retrospectivamente una dependencia cuando han pasado meses o años desde los hechos siempre resulta más complicado.
No toda drogadicción produce la misma reducción de pena
La incidencia del consumo de drogas en la responsabilidad penal no tiene una única respuesta jurídica. Hay que determinar qué ocurría realmente con la persona cuando cometió los hechos y cuál era la intensidad de la afectación.
No es lo mismo actuar bajo una intoxicación plena o un síndrome de abstinencia que impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, supuesto al que se refiere el artículo 20.2 CP, que cometer un delito motivado por una grave adicción, que es el terreno propio del artículo 21.2.
Entre unas situaciones y otras pueden aparecer distintos grados de afectación y, con ellos, consecuencias diferentes: desde una eximente completa en los supuestos que cumplan todos los requisitos legales, hasta una eximente incompleta, una atenuante de drogadicción o, en determinados casos, una atenuante analógica.
No es una cuestión meramente terminológica. La calificación que finalmente se aprecie puede modificar de manera importante la pena.
También por eso hay que ser cuidadosos al solicitar una atenuante como muy cualificada. Una grave adicción ya constituye el presupuesto de la atenuante del artículo 21.2. Para incrementar todavía más su efecto no basta con volver a invocar la gravedad de esa misma dependencia.
La STS 341/2026 analiza esta cuestión desde la intensidad de la conexión funcional: para que la atenuación alcance mayor relevancia, la adicción debe haber condicionado la comisión del delito de una forma particularmente intensa.
Drogadicción y tráfico de drogas: una relación especialmente delicada
En los procedimientos por tráfico de drogas esta cuestión tiene una particularidad añadida: ser consumidor no impide ser, al mismo tiempo, autor de un delito contra la salud pública.
Es perfectamente posible que una persona consuma una sustancia y también la venda. Por eso acreditar el consumo puede servir, dependiendo del caso, para sostener una hipótesis de autoconsumo, para discutir determinados indicios de tráfico o para plantear subsidiariamente una atenuante. Son argumentos diferentes y no deberían confundirse.
La STS 341/2026 ofrece aquí una distinción especialmente útil.
El Tribunal Supremo admite que la conexión funcional puede apreciarse cuando una persona gravemente adicta realiza venta de droga al por menor para financiar su propia adicción. Sin embargo, la valoración cambia cuando nos encontramos ante operaciones de otra dimensión.
En el asunto examinado por el Supremo se trataba de tráfico sobre sustancias de notoria importancia. La Sala consideró que, a medida que aumenta la magnitud de la actividad, la explicación vinculada exclusivamente a financiar el consumo pierde fuerza frente a la existencia de una finalidad económica más amplia.
Ni todo pequeño traficante drogodependiente tiene necesariamente derecho a una atenuante, ni puede descartarse simplemente porque exista un delito de tráfico de drogas. Hay que reconstruir la relación entre dependencia, necesidad de consumo y actividad delictiva realmente desarrollada.
Separar la adicción de la dimensión real de la operación es una de las cuestiones más delicadas para una abogada de tráfico de drogas en Madrid.
Cómo se acredita una atenuante de drogadicción
Cuando la drogodependencia puede tener relevancia en un procedimiento penal, la defensa necesita construirla como una verdadera cuestión probatoria.
No debería bastar con que el acusado declare en juicio que lleva años consumiendo.
Hay que reconstruir su situación: desde cuándo consume, qué sustancias, con qué frecuencia, si existe un diagnóstico de dependencia, si ha recibido tratamiento, si se han producido recaídas, qué grado de tolerancia presenta, si existían episodios de abstinencia y qué documentación contemporánea a los hechos permite corroborarlo.
Y después viene probablemente la parte más difícil: relacionar esa situación con el delito concreto.
La jurisprudencia demuestra por qué este segundo paso resulta imprescindible. En otra resolución estudiada en el dossier, la STSJ Castilla-La Mancha 56/2025 rechazó la atenuante pese a aportarse una tarjeta de seguimiento de un programa de deshabituación: faltaba una base fáctica suficiente sobre la afectación y sobre su relación causal con el delito.
En sentido parecido, la jurisprudencia ha rechazado que un simple resultado positivo en una prueba de consumo permita, sin más, construir una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Es necesario individualizar la situación de esa persona.
Por eso, en una defensa en la que la drogodependencia pueda resultar relevante, la prueba debe empezar a prepararse mucho antes del juicio.
Preguntas frecuentes sobre la atenuante de drogadicción
¿Ser consumidor de drogas reduce automáticamente la pena?
No. El consumo, incluso habitual, no determina por sí mismo la aplicación de una atenuante. El artículo 21.2 CP exige una grave adicción y una relación entre esa adicción y el delito cometido.
¿Una analítica positiva es suficiente?
No necesariamente. Una prueba toxicológica puede acreditar consumo y resultar muy importante como elemento de corroboración, pero no demuestra por sí sola la intensidad de una dependencia ni la influencia que tuvo en la comisión del delito.
¿La atenuante puede aplicarse en un delito de tráfico de drogas?
Sí, siempre que concurran sus requisitos. La jurisprudencia contempla la posible conexión entre la grave adicción y determinadas ventas de droga realizadas para financiar el propio consumo. La valoración dependerá de las circunstancias concretas y de la intensidad de esa relación.
¿Es lo mismo la atenuante de drogadicción que la eximente por intoxicación?
No. Son figuras distintas. El artículo 20.2 CP se ocupa de determinados estados de intoxicación plena o síndrome de abstinencia y pone el foco en su incidencia sobre las facultades del sujeto. El artículo 21.2 CP atiende a haber cometido el delito a causa de una grave adicción.
¿Qué documentación puede ser importante para acreditar una drogodependencia?
Entre otras, historia clínica, informes de centros de tratamiento de adicciones, documentación del SAJIAD cuando exista, pruebas toxicológicas, tratamientos anteriores y una pericial que permita valorar la dependencia y su incidencia en los hechos. La utilidad de cada prueba dependerá del caso.
Cuando la drogodependencia puede cambiar una defensa penal
Cuando existe consumo de drogas en un procedimiento penal, la defensa no debería limitarse a afirmar que el acusado es consumidor. Hay que determinar si estamos ante consumo, dependencia o grave adicción; acreditar esa situación y, sobre todo, estudiar qué relación tuvo con los hechos investigados.
En delitos contra la salud pública, además, la drogodependencia puede tener relevancia en distintos planos de la defensa, desde la discusión sobre el destino de la sustancia hasta la individualización de la pena y su posterior ejecución.
Si estás investigado o acusado en un procedimiento penal y existe una situación de drogodependencia que puede ser relevante para tu defensa, puedes solicitar una consulta con una abogada de delitos contra la salud pública para estudiar el procedimiento y la prueba disponible.
